La crisis económica motiva la EXCLUSION SANITARIA!!

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La crisis económica global no solo ha afectado a las estructuras financieras de numerosos países, sino que amenaza también con asestar un golpe definitivo al llamado “estado del bienestar“. Esta gran conquista de la democracia moderna, basada en la noción del Estado benefactor y garante de la Sanidad Pública y los servicios sociales, se tambalea ahora ante la falta de recursos y los recortes presupuestarios masivos. Los más perjudicados son, una vez más, los colectivos en riesgo de exclusión social, los inmigrantes y la población dependiente.


La sanidad europea en crisis


Médicos del Mundo, organización no gubernamental que trabaja en favor de la defensa del derecho universal a la salud, alerta sobre el empobrecimiento creciente de los sistemas sanitarios europeos en los últimos años. Según un último informe en el que se presentan encuestas realizadas a más de 8.400 pacientes de diversos países (Alemania, Holanda, Grecia, Reino Unido, Francia, Bélgica y España), el desequilibrio en las finanzas de los Estados ha provocado un reajuste de las políticas de gasto público cuyas víctimas principales son los inmigrantes y los indocumentados.


De los datos obtenidos se desprende que hasta a un 20% de ellos le ha sido denegada la atención sanitaria en este último año. Además, un 80% se ha visto obligado a abonar previamente las costas de la atención recibida. La disminución de la aportación gubernamental al mantenimiento y gestión de los hospitales públicos, así como la aplicación de tasas suplementarias (el llamado “euro por receta” en España, por ejemplo) contribuyen al deterioro no solo de la cobertura sanitaria universal de los pacientes, sino también a la calidad de la atención recibida.


España y la salud pública


Y es que en nuestro país, la privatización de los hospitales y los servicios sanitarios se presenta como una realidad cada vez más cercana. Con el objetivo de ahorrar costes, se defiende la trasferencia de la gestión a empresas particulares, promocionando al mismo tiempo la suscripción de un seguro privado.


Este tipo de planteamiento podría contribuir a crear brechas sociales difícilmente salvables, dividiendo la población entre aquéllos que sí tienen la capacidad adquisitiva para poder permitirse acudir a centros privados y los que solo pueden recurrir a la sanidad pública. Y, lo que es peor, la denegación a los inmigrantes ilegales del derecho a la atención sanitaria amenaza no solo con ahondar la herida de la xenofobia, sino también con desencadenar crisis de salud global.


La falta de seguimiento a los colectivos migrantes, especialmente sensibles a la transmisión de patologías infecciosas, podría favorecer la reaparición de enfermedades como la tuberculosis o la sífilis u otras ETS. ¿Hasta qué punto compensa iniciar la senda de la exclusión sanitaria?

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